Desde febrero de 2017, las denuncias de abuso sexual en los centros educativos, principalmente de Guayaquil y Quito, han sido repetitivas y con un alto alcance mediático. Esto ha desembocado en debates en torno al desempeño de las autoridades judiciales y educativas frente a la prevención, el control y las sanciones de los casos de abuso sexual a menores, en las escuelas y colegios del país. A pesar de que desde el 2013, la Constitución garantiza la seguridad e integridad sexual de los menores de edad, los casos de violencia sexual que se dieron a conocer en el 2017 han evidenciando falencias en la regulación de estos procesos.

 

Solo para la Dirección de Policía Criminal de la Fiscalía, hubo 13.671 denuncias por casos de abuso sexual entre 2014 y 2017. Para otras instituciones como el Ministerio de Educación y el Consejo de la Judicatura, estas cifras eran distintas, lo cual habla de la poca organización y coordinación para enfrentar esta terrible problemática.

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El abuso sexual infantil en las escuelas del Ecuador se evidencia como un fenómeno en crecimiento, en el que los niños y niñas son las principales víctimas. En el 2006, según el Centro de Derechos Reproductivos, se determinó que uno de cada cuatro niños ha sufrido abuso sexual y en el 37% de los casos se identificó a los docentes como perpetradores. Por ello, es importante conocer las dinámicas que se llevan a cabo en centros educativos y analizar el contexto en el que han venido ocurriendo los casos de abuso sexual infantil en estos espacios.

 

Este acto criminal ha estado latente en el país desde años atrás, pues entre 2014 y  2016, se registraron 384 casos de abuso sexual en instituciones educativas. Situaciones como la violencia sexual y psicológica, el acoso y hasta la violación son recurrentes en Ecuador. Por esta razón, órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) han mostrado su preocupación y se han manifestado para que el Estado tome medidas oportunas que permitan sancionar a los responsables y evitar que este fenómeno siga ocurriendo.

 

A pesar de que se ha hablado de los casos de abuso sexual, no se ha cuestionado una o varias posibles fallas en el sistema educativo. Solo se ha analizado el procedimiento para sancionar a los agresores, pero este no siempre se cumple. Por esto, este reportaje identifica falencias en el sistema educativo y el desempeño de las autoridades responsables. 

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